15/Diciembre/2017
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Endeudamiento es insostenible en Estados que gobierna y gobernó el PRI

COAHUILA, CHIH, Q. ROO, VER Y SONORA

Fuente: El Economista

Agregado el: 16 de Mayo del 2017




Los estados de Coahuila, Chihuahua, Quintana Roo, Veracruz y Sonora podrían estar en riesgo de incumplimiento de pago de deuda bancaria y de proveedores, que los ubicaría en focos rojos por insolvencia y no tener acceso a más endeudamiento en el 2018.

De acuerdo con el reporte “La ley de disciplina financiera genera mayor transparencia y menores incrementos de deuda” de Moody’s, en el indicador de deuda sobre ingresos de libre disposición, que forma parte del sistema de alertas y que mide capacidad de pago, dichas entidades se ubican por arriba de 100% de esta relación, un nivel alto, ya que la media se ubica por debajo de 50%; entre mayor nivel de apalancamiento menor sostenibilidad financiera.

El documento refiere que dicho indicador será el que tendrá mayor peso en la clasificación final de la deuda que tenga una entidad, por lo que la calificadora ve posible que los estados mencionados se ubiquen en la categoría de alto endeudamiento.

Con esta ley pueden surgir presiones de liquidez para las entidades con perfiles crediticios más débiles y algunos estados podrían experimentar dificultades para cumplir con todas las prácticas de disciplina financiera, expone Moody’s.

Menciona que el sistema de alertas que determina los techos de deuda específicos, también puede enfrentar dificultades en cuanto a calidad de la información e interferencia política.

La ley de disciplina financiera —que entró en vigor en abril del 2016— dicta que los estados y municipios serán catalogados en una especie de semáforo que establecerá si son aptos financieramente para seguir endeudándose sin poner en riesgo sus finanzas públicas.

Según esta ley, las entidades que se ubiquen en “foco verde” o endeudamiento estable podrán tomar financiamiento hasta por el equivalente a 15% de sus ingresos de libre disposición, es decir, los ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico.

En tanto los estados que están en “foco amarillo” o en nivel de endeudamiento en observación, podrán tomar financiamiento hasta por 5% de los ingresos de libre disposición. 
Los que estén en “foco rojo”, es decir, endeudamiento elevado, tendrán un techo de financiamiento neto igual a cero.

Asimismo, esta ley marca que los límites para la deuda de corto plazo y de largo se implementarán a partir del 2018.

Techos a finales de junio

El 31 de marzo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó a través del Diario Oficial de la Federación que, a más tardar el 30 de junio dará a conocer los cálculos y techos de endeudamiento que tendrán cada estado y municipio.

Con dicha información se podrá determinar qué estados son solventes financieramente para poder seguir endeudados y quiénes no.

Moody’s indica que la legislación del sistema de alertas no fija rangos para los indicadores que determinarán las categorías de deuda y restringirán el endeudamiento.

“Esto lo hace vulnerable a la influencia política. Además, la calidad de la información utilizada para calcular los rangos variará y existe riesgo de ser clasificada de manera incorrecta”.

Más transparencia

La agencia Moody’s reconoce en su informe que, con dicha ley sí existe una mayor transparencia sobre cómo se están distribuyendo los recursos de las arcas locales, pues ya están obligadas a registrar sus créditos de corto y largo plazo, así como el registro de las inversiones en las asociaciones público-privadas.

El registro de cada movimiento estará disponible en el portal de la SHCP, el cual también servirá como un mecanismo para asegurar que las entidades cumplan con los límites de deuda impuestos por la legislación, se lee en el estudio de la calificadora.

Detalla que, a partir de noviembre del 2016, las entidades que emitieron deuda han cumplido con el registro de cada operación. “Esperamos que esto ayude a compensar parcialmente las mayores tasas de interés del 2016 y el 2017. Estimamos que los indicadores de pago de intereses y de servicio de la deuda incrementen sólo un poco en el 2017 a 1.8% y 3.5% respectivamente, de un promedio de 1.6% y 3.3% en el 2011-2015”.

Agrega que, el impacto de la ley en los próximo tres a cinco años dependerá de su implementación asegurada mediante sanciones creíbles. Detalla que hasta el momento sólo Querétaro, Yucatán y San Luis Potosí cumplen cabalmente con todos los requerimientos de la ley.

“Los estados tienen ciertas obligaciones nuevas bajo la ley que debieron incluirse en sus presupuestos del 2017. Estas obligaciones incluyen resultados financieros de los últimos cinco años, proyecciones para los siguientes cinco años, estudios actuariales e información sobre pensiones y la creación de un fondo para desastres naturales”.

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